Ahora pueden cantarse alabanzas al peaje sanitario que el Gobierno ha
impuesto a los inmigrantes ilegales (1.864 para los mayores de 65 años) ya que
racionalizará el uso de la sanidad por parte de un colectivo inestable, o bien
pueden lanzarse los mayores improperios por elitizar el uso de un derecho que
se reconoce universal, pero hacer una u otra cosa elude el verdadero problema
al que ningún político de ningún color ni siquiera alude: la razón de que se
haya llegado hasta aquí. (Repasen anteriores escritos sobre esta cuestión en
este sitio).
Ya se ha olvidado que a partir de 1996 la llegada de inmigrantes creció muy
mucho (1991: 370 m, 1996: 542 m); que desde el 2000 se disparó (1998: 637 m,
2000: 924 m, 2001: 1,4 M); y que a partir de ahí el crecimiento fue galáctico:
si en el 2002 había en España 2 M de inmigrantes, en el 2010 alcanzaron los 5,7
M, y eso se refiere sólo a los censados.
La verdad a la que ningún político de ningún partido quiere hacer mención
es a la de que los inmigrantes no vinieron a España, se les trajo. Para que
hiciesen viviendas a menor coste, con jornadas más prolongadas y con menores
condiciones de seguridad que si se hubiese contratado a trabajadores españoles.
Se les trajo para que sirvieran paellas, cervezas y sangría en chiringuitos de
playa y en locales no tan de playa a turistas que disculpaban las instalaciones
y que las camareras y los camareros no tuvieran ni idea de Inglés por los bajos
precios que pagaban por sus consumiciones. Se les trajo para que atendiesen a
dependientes, para que limpiasen edificios, para hacer de jardineros, todo a
menor coste que la alternativa nacional.
Y funcionó, ¡claro que funcionó!. Gentes que en su mayoría huían de la
miseria se encontraron con un paraíso occidental que no les ponía ninguna pega
y, encima, que les dejaba participar en la fiesta a través de créditos que se
les concedían con sólo solicitarlos. Funcionó, evidentemente, pero nadie,
nadie, dijo ni media palabra en relación a la bomba de tiempo que se estaba
formado. Y nadie, ¡nadie!, expuso la simple sugerencia de que podía vincularse
la instancia de esos inmigrantes a un contrato de trabajo y su estancia a un
período de tiempo concreto.
En el año 2009 el 90% de los bebés que nacieron en Catalunya
correspondieron a parejas o a madres inmigrantes, Por otra parte se estima que
el número total de inmigrantes puede hoy alcanzar los siete millones. Cuando la
construcción de viviendas colapsó y esa oferta de trabajo comenzó a optar por
otros empleos la demanda de trabajo total se situó radicalmente por debajo de
la oferta total, y reparen que me refiero a oferta y demanda totales, es decir,
incluyo también el trabajo a tiempo parcial involuntario o no.
A 30 de Junio de este año el 24,6% de la población residente en España se
hallaba desempleada. Cierto: habría que restar la ocupación sumergida
(introduciendo un factor de compensación: ¿cuánta de esa ocupación
desaparecería si se exigiese que fuese legal?), pero habría que sumar el empleo
a tiempo parcial forzoso. Es decir, tenemos a casi seis millones de personas
sin trabajo, de las que un número indeterminado son inmigrantes, y un
porcentaje, también indeterminado, de estos que son ilegales.
Pero eso se produce en un escenario en el que la demanda de trabajo tiende
a la baja porque el PIB del reino está decreciendo y en el modelo productivo
español crecimiento y creación de empleo se hallan megarrelacionados, por lo
que lo que puede esperarse es una caída de la recaudación fiscal a la vez que
un aumento de los requerimientos a un menguante modelo de protección social por
una población en la que el nivel de inmigrantes desocupados crece.
En España hoy, y va a más, y al margen de todos los problemas que ya
tenemos, tenemos uno tremebundo a la vuelta de la esquina: una población
inmigrante desempleada en un Estado crecientemente más pobre, y todo ello
debido a (no-se-como-calificarlo) la actitud de unos políticos que increíble e
incomprensiblemente tan sólo fueron a mirar el cortísimo plazo sin tener en
cuenta las consecuencias de lo que estaban decidiendo en relación a algo que
afecta a personas, no a mesas ni a caramelos de menta, y durante un porrón de
tiempo; e insisto porque es importante, así hicieron esos políticos tuvieran un
color o tuvieran otro. (Tampoco nadie les ha preguntado a esos políticos el
porqué obraron así).
Lo de los 710 euros es una tontería teniendo en cuenta lo que se nos viene
encima. Si yo fuese un inmigrante y mi familia, o yo, estuviese enfermo y no
tuviera esos 710 euros, los obtendría como fuese, literalmente, como fuese.
Poner precio a los servicios y discutir sobre el mismo está muy bien, el
problema empieza cuando la mayoría del colectivo a la que la norma va dirigida
no puede pagar ningún precio.
Vuelvo a decir lo que digo siempre. Este, el de la inmigración sin trabajo,
no es un tema político, sino económico, exclusivamente. Lo que hay que
analizar, estudiar, abordar, es qué se hace con ese colectivo inmigrante que no
tiene trabajo y que no lo va tener, y en segundo lugar, mirar si ese inmigrante
se halla en España de forma regular o irregular.
Sres. Políticos en el Gobierno o no. Piensen que van a hacer con ese
colectivo porque ahí radica el problema, y su estallido (el del problema) se
halla a la vuelta de la esquina.
Fuente: http://lacartadelabolsa.com
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