Proyecto Impulso emite el siguiente comunicado para hacer pública la última decisión judicial adoptada con motivo de los desmanes protagonizados por las instituciones castellonenses respecto a la presentación oficial de nuestra asociación el pasado Enero.
Como ya explicamos en su día, el acto que organizamos el 14 de Enero debía celebrarse en un centro cívico de titularidad municipal y gestión privada. Sin embargo, pocos días antes y debido a la presión de la prensa y de los grupos de oposición municipal, el Ayuntamiento cedió grotescamente al movimiento inquisidor y nos revocó la autorización de uso de dicho espacio, celebrando el acto sin más contratiempos en Zona Cero, nuestra sede social siempre libre de censura.
Podíamos habernos resignado, habernos lamentado pasivamente, haber aceptado con reaccionario conformismo que la libertad de expresión es sólo para unos pocos, que la política oficial es todopoderosa, que Castellón es un feudo popular y estamos indefensos ante los caprichos y arbitrariedades de los gestores públicos. Podíamos, pero no va con nosotros este derrotismo.
En su lugar, acudimos a los Tribunales para querellarnos contra Don Alfonso Bataller, Alcalde de Castellón, y contra Don Javier García, gestor privado del Centro Urban, quien finalmente nos comunicó la inexplicable revocación del permiso.
Nuestro escrito no prosperó, las medidas cautelares no nos fueron concedidas, el derecho a utilizar el Centro Urban no nos fue reconocido. Cierto. Todo cierto. Pero todo esto quedó lejos del desánimo y la desesperación: Impulso interpuso un recurso cuya resolución por la Audiencia Provincial hemos sabido hoy, 26 de Diciembre, admitiéndolo y acordando el inicio de la investigación y las pruebas testificales necesarias.
Se estima nuestra causa contra el gestor privado, acusado de discriminación ideológica recogida en el artículo 511 del Código Penal; apartando de momento –y sin descartar que reaparezca en la investigación- la acusación contra el Sr. Bataller. Y se rebate también la anterior inadmisión de nuestra denuncia, ya que de los hechos y pruebas aportadas, se desprende que la prohibición de utilizar el espacio público no se debió a meras carencias formales, sino que hubo un ‘algo más’, presumiblemente –digámoslo así para no faltar al lenguaje jurídico; patentemente podríamos para no faltar a la verdad- un móvil discriminatorio. En su auto, el juez reconoce que la Constitución “protege una serie de derechos que podrían haberse visto afectados en este caso”, derechos cuyo ejercicio “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.
Por tanto, aquí y ahora, en la España de 2012 con forma de Estado social y democrático de Derecho, estamos hablando claramente de “censura previa”. CENSURA. Y ya no lo decimos los afectados, sino que lo insinúa un tercero imparcial encargado de hacer Justicia. Censura municipal por presentar públicamente una asociación legal, censura por invitar a personas incómodas para la dictadura de lo políticamente correcto, censura por presentar dos libros, censura por hablar de mentes inquietas, de ejemplos sociales que funcionan, de reflexiones y pensamientos que los mismos censores no se molestan en conocer. Censura, en fin, porque una juventud activa es lo más peligroso para los viejos tronos de la política profesional.
La admisión de este recurso y el inicio de la búsqueda de las pruebas necesarias es sólo un primer paso en la andadura judicial, pero es un gran toque de atención a la arbitrariedad y la impunidad de los gestores de lo público –ya sean públicos o privados, como en este caso-, además de poner en evidencia la actitud dictatorial y la caza de brujas que protagonizaron el pasado Enero.
Pese a quien pese no somos ciudadanos de segunda, y cueste lo que cueste no permitiremos que nos amordacen. Proyecto Impulso realizó el acto del 14 de Enero a pesar de todo, y Proyecto Impulso continuará actuando como hasta ahora, sin permitir que la censura municipal apague la voz de la juventud rebelde de Castellón.
http://www.proyectoimpulso.org/
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